El conflicto suscitado entre Buenos Aires y Madrid a propósito de la expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPFha desatado virulentas reacciones por parte de las autoridades del Estado español y sus voceros.
El repertorio comprende toda suerte de amenazas en contra de Argentina-y, por extensión, en contra de quienes, con independencia de nuestras opiniones acerca del actual Gobierno, habitamos en esa tierra- proferidas por altísimos funcionarios del Gobierno como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y otras figuras menores del séquito de La Moncloa y secundadas por un coro impresentable de mal hablados e ignorantes hasta el tuétano que dicen ser periodistas, pero que, en realidad, parecen más bien ser supervivientes descartados del casting que Luis Buñuel organizó para seleccionar a los mendigos de Viridiana.
Alentados por sus mandantes, estos personajes repiten desaforadamente y sin gracia el libreto que les pasan sus mentores, auspiciantes y empleadores, no ahorrando epítetos dirigidos a la presidenta, Cristina Fernández, sus ministros, el partido del Gobierno y, ya en el aquelarre, a todos los argentinos, cómplices indirectos del «robo» sufrido por una inocente españolita llamada Repsol.
Por supuesto, ese espectáculo denigrante también lo tenemos en Argentina, pero, tal vez afectados aún por el reflejo del colonizado, pensábamos que en esa España, que tan machaconamente se vanagloria de su condición europea (Freud ya advirtió sobre lo que ese síntoma podría significar), tal cosa no podría ocurrir. Pero ocurre. Y no solo eso: a medida que pasan las horas, el Gobierno del Estado español ha avanzado en una campaña para aglutinar «en defensa de España y los españoles» la ayuda de sus compinches europeos, esos bribones que perpetraron el golpe de Estado en Grecia cuando el pobre Papandreu, movido tal vez por el recuerdo de la Oración Fúnebre de Pericles y su exaltación de la democracia, tuvo la inoportuna idea de decirle a quienes ahora acuden en ayuda del Gobierno español que quería solicitar la opinión de los griegos acerca del plan de ajuste salvaje que le proponían sus salvadores.
Al día siguiente, la pérfida troika que hoy gobierna Europa -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- lo desalojó a puntapiés en el trasero y lo sustituyó por uno de los suyos: un émulo contemporáneo del consigliere de don Corleone, para que maneje con la pulcritud propia de un tahúr del casino financiero global los destinos de Grecia. Por supuesto, estos bandidos no operan solo en Grecia y están asolando casi toda Europa, como bien lo saben quienes viven en el territorio del Estado español, sometidos a un ajuste de una brutalidad que no tiene nada que envidiar a las peores experiencias latinoamericanas en la materia. La cosa no es solo con Grecia, es con todos.
En su afán por defenderse de la agresión argentina, Rajoy y los suyos buscaron (y consiguieron) el apoyo del emperador y premio Nobel de la Paz (el mismo que dijo que «se hizo justicia» cuando le informaron que habían asesinado a Osama Bin Laden ante su propia familia y cuya secretaria de Estado estalló en carcajadas al enterarse del linchamiento de Muammar Gadafi). Ya en las Américas, los enviados de Madrid obtuvieron en México el apoyo de don Felipe Calderón, quien por su ineptitud e inmoralidad sumió a ese maravilloso país -en realidad, mi segunda patria luego de ocho años de exilio- en la crisis más grave del último siglo, por decir lo menos. Postrado indecorosamente ante los dictados de Washington y la violencia criminal de los narcos, Calderón se rasga las vestiduras junto a los paniaguados del Partido Popular ante la tibia medida adoptada por el Gobierno argentino.
Quienes viven en el Reino de España saben muy bien que Repsol es una transnacional en la que algunos ricachones tienen depositados sus dineros en acciones de la compañía. La participación de ese sector en el total del capital accionario de la empresa es del 43%. Y como dijera hace apenas un par de días un colega de la Universidad de Sevilla, «confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario».
La opinión de Torres López contrasta con las declaraciones del estadista en ciernes, Felipe, príncipe de Asturias y heredero del trono de España (hasta el momento en que los españoles se despierten y acaben con una institución tan inútil, parasitaria, costosa y corrupta como la monarquía), quien ha agradecido «todo lo que Repsol hace y ha hecho, que es mucho, por el bienestar de numerosos países, así como expresar todo el apoyo a quienes hacen posible su importante tarea en España y fuera de España».
En su artículo, Torres López aporta algunos datos interesantes de lo mucho que Repsol ha hecho por el bienestar de España, en palabras que hago mías sin reservas: «Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas españolas al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes».
En síntesis, el pleito del Gobierno argentino no es con España o los habitantes del Estado español. Es con una empresa que aquí también ha incurrido en las habituales prácticas depredadoras que todas las transnacionales sin excepción incurren en todo el mundo, incluyendo sus propios países. Y esto fue hecho, preciso es decirlo, con la complicidad de las autoridades argentinas, tanto de las provincias como de la nación, que hicieron la «vista gorda» ante el descarado incumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de privatización de YPF. Gracias a esta negligencia oficial, sobre cuyas (malas) razones preferimos, por ahora, no expedirnos, Repsol pudo explotar los yacimientos conocidos, y hacerlo de mala manera, sin cuidarlos como se debe, y sin tener tampoco que preocuparse por tomar los riesgos financieros que supone la exploración y búsqueda de nuevos mantos petrolíferos o gasíferos, cosa a la que contractualmente estaba obligada. Pudo también remitir el 90% de sus utilidades, ante la mirada distraída de los entes estatales encargados de fiscalizar sus operaciones en la Argentina.
Pudo ocultar operaciones, al punto tal que recién con la intervención de Repsol-YPF se conoció que había una compañía denominada Repsol YPF Gas S.A, que se encontraba en poder de Repsol sin que los sagaces ojos de los funcionarios de diversos entes reguladores de Argentina se hubieran percatado de ello.
Por eso, cuando la presidenta envió el proyecto de ley expropiando las acciones de Repsol en YPF no incluyó la de aquella empresa, cosa que hubo de corregir apresuradamente una vez que la intervención hizo el anuncio correspondiente.
Esto nos recuerda lo ocurrido cuando, después del paro petrolero que PDVSA hizo en contra del Gobierno de Chávez y producida la intervención de la firma, los venezolanos se enteraron de que esa empresa estatal era la ignota propietaria de la cadena de gasolineras CITGO, con unas 6.000 bocas de expendio en EEUU. Estas prácticas de ocultamiento, fuga de capitales, evasión fiscal, incumplimiento de obligaciones contractuales son corrientes en el mundo de las grandes compañías. Y ocurren porque los gobiernos consienten este tipo de conductas. De otro modo sería imposible.
El Gobierno argentino tiene razones muy fundadas para avanzar sobre Repsol. Pero esto es apenas un primer -y tibio- paso, porque la crisis energética de Argentina, y de la cual Repsol es altamente coresponsable, no se solucionará con las medidas tomadas. Hay que ir mucho más a fondo. No se entiende por qué no se expropian todas las acciones, incluyendo las de los argentinos nucleados en el Grupo Petersen, una suerte de proto-burguesía nacional inventada con malas artes por el kirchnerismo y cuyos resultados fueron desastrosos. Además, dado que Repsol-YPF representa el 30% de la producción hidrocarburífera de Argentina, ¿qué se va a hacer con el 70% restante? ¿O es que se piensa, erróneamente, que las otras empresas actúan con patrones de moralidad y eficiencia superiores a la de la española? ¿O que la crisis energética se solucionará actuando solo sobre Repsol-YPF?
Como se puede apreciar, son muchas las críticas que se pueden formular a la iniciativa de la Casa Rosada. Pero, de lo que no cabe ninguna duda es que no se debe identificar a España con Repsol. Para nosotros España son los versos de Machado, Alberti, Hernández, García Lorca; la pintura de Picasso y la tragedia de Guernica, fabulosamente retratada por su pincel; es Manuel de Falla y Pablo Casals, o la filosofía de Sacristán Luzón, Sánchez Vázquez y el humanismo de Roces, Gaos, Imaz. Y entre quienes están entre nosotros, la excelsa pluma de don Alfonso Sastre, la de él y su sombra, a cuál más incisiva.
Eso es España para los argentinos. Y no la picaresca ramplona de lobistas como Felipillo o Aznar, el siniestro ascetismo de Escrivá y Balaguer, o la obra, la obra de verdad que impulsa el Opus Dei, de los saqueadores profesionales que se lanzaron a la reconquista de América a caballo del tsunami neoliberal que asoló nuestras costas desde mediados de los ochenta, expertos en vaciar empresas, fugar capitales y corromper políticos y periodistas.
Tenemos una larga lucha por delante. Los pueblos de España y de América Latina y el Caribe debemos ser conscientes de que tenemos los mismos enemigos. Los que destruyen la legislación laboral y provocan paro y empobrecimiento en el Estado español son los mismos que han provocado el holocausto social y ecológico que hoy padecen los países de este lado del Atlántico.
(Tomado de CUBADEBATE)

El Fondo Monetario Internacional, con sus arcas reforzadas para paliar la crisis de la deuda soberana europea, debe presionar ahora a los gobiernos de la eurozona a que adopten medidas drásticas para calmar los mercados y evitar un empeoramiento de la situación.
El comunicado final emitido el sábado por el FMI, horas después de reuniones de alto nivel, se limitó a indicar que son necesarias reformas estructurales para restaurar la salud fiscal y fomentar el crecimiento económico en los 17 países de la eurozona.
Empero, el secretario del Tesoro Timothy Geithner dijo a una comisión del FMI que Europa debe ser más imaginativa y emprendedora en la lucha contra la crisis de la deuda, utilizando todos los recursos financieros a su alcance, incluyendo el Banco Central Europeo.
“El éxito de la próxima fase de la respuesta a la crisis dependerá de la voluntad y de la capacidad de Europa… para usar los medios y procesos de forma imaginativa, flexible y emprendedora para respaldar a los países que adopten reformas y se mantengan por delante de los mercados”, dijo Geithner.
El ministro de Hacienda Wolfgang Schaeuble dijo que los países europeos con crisis financieras han adoptado reformas de profundo calado.
“Ello incluye los mercados laborales, los sistemas de seguridad social, administraciones públicas e instituciones financieras“, indicó el funcionario alemán. “Ello permitirá a los países recuperar su competitividad y sólido crecimiento. Es la única forma que podremos restaurar la confianza de nuestros ciudadanos e inversionistas”.
Durante el encuentro del fin de semana del FMI y su institución gemela, el Banco Mundial, los ministros de Hacienda y directores de los bancos centrales dijeron que la posibilidad de una profunda recesión global ha pasado, pero siguieron usando vocablos como “débil”, “frágil” y “desafío” al describir el futuro.
El principal logro del fin de semana fue la promesa de los países miembros de aportar por lo menos 430.000 millones de dólares, lo que casi duplicará a casi un billón de dólares las reservas del FMI para girar préstamos.

El sueño americano se terminó. Un artículo académico de la profesora de la Universidad de Stanford Terry Karl muestra hasta qué punto Estados Unidos se ha convertido en uno de los países más desiguales del planeta. Según el trabajo de Karl, de los 34 países más desarrollados que forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sólo China, México y Turquía tienen disparidades más grandes en los ingresos que Estados Unidos. Además, según la OCDE, Estados Unidos tiene las políticas menos efectivas en gasto social para aliviar la pobreza y el nivel más bajo de impuesto a las ganancias de todos los países desarrollados.
El artículo, titulado “Desigualdad y Democracia: lecciones latinoamericanas para Estados Unidos”, se basa en distintos estudios sobre el tema. Dice que en Estados Unidos el diez por ciento más rico gana quince veces más dinero que el diez por ciento más pobre. La brecha ha crecido mucho en las últimas décadas, y es todavía más pronunciada si se toma en consideración al uno por ciento más rico, que promedia un ingreso de 1,3 millón de dólares anuales y que se lleva cuatro quintos de lo que aumentaron los ingresos de todos los estadounidenses desde 1980 hasta el 2002. Los súper ricos, que representan el 0,1 por ciento de los estadounidenses, son los que más se beneficiaron con esta tendencia. Los súper ricos captan un ingreso anual promedio de 27.322.212 dólares. Y los recontra súper ricos, el 0,01 porciento de la población, reciben el seis por ciento del total de los ingresos de las familias, estadounidenses.
La enorme brecha entre ricos y pobres que aparece en sus ingresos anuales se multiplica cuando se mide la riqueza acumulada, señala el artículo. El 20 por ciento más rico es dueño del 87 por ciento de la riqueza de todos los estadounidenses y el uno por ciento tiene el 69 por ciento. Las cuatrocientas familias más ricas tienen lo mismo que la mitad más pobre, es decir dos mil individuos tienen tanto como el capital acumulado de ciento cincuenta millones de personas.
En términos raciales, el cuadro se ve así: la familia blanca promedio gana dos tercios más y tiene doce veces más riqueza que la familia negra promedio. La mitad de los hispanos y casi dos tercios de los negros no poseen activos financieros. Sin embargo, a diferencia de la desigualdad total, en términos económicos la brecha racial en Estados Unidos se ha acortado en las últimas décadas.
La autora cita un estudio de 23 países desarrollados realizado por el economista Richard Wilkinson y la antropóloga Kate Pi-ckett, en el que Estados Unidos aparece como el más desigual en términos de ingresos por persona. En ese estudio, Estados Unidos también figura primero en índices de encarcelamiento, madres menores de edad, mortalidad infantil, niños obesos, costo de cobertura médica, gasto militar y uso de drogas ilegales. En cambio, aparece en último lugar en exámenes educativos, expectativa de vida y cuidado del medio ambiente.
A pesar de ser el país del Sueño Americano, otros estudios citados muestran que la movilidad social es más difícil en Estados Unidos que en otros países del primer mundo. Uno de esos estudios muestra que Estados Unidos tiene menos movilidad social relativa que Canadá, Alemania, Francia y los países escandinavos, y que está a la par de una sociedad notoriamente clasista como es la británica. Otros estudios muestran que la clase media estadounidense se está encogiendo y que por primera vez la generación de treinta y pico gana menos que sus padres a esa edad.
La desigualdad en Estados Unidos tiene raíces que llegan hasta la etapa fundacional de su historia, continúa el artículo, ya que su normativa favorece estructuralmente a los intereses de los ricos. Un estudio muestra que entre los países occidentales desarrollados, Estados Unidos es el que tiene más actores con capacidad de frenar el cambio social. También señala que el Senado estadounidense es el de peor representación proporcional de toda la muestra de los países estudiados.
Esa desigualdad de origen creció dramáticamente en la década del ‘80, cuando el entonces presidente Ronald Regan desarrolló un programa económico neoliberal para salir de la recesión creada por la crisis petrolera en Medio Oriente, la derrota de Vietnam que dispararon la inflación y el desempleo, prosigue el artículo. “La crisis creó el escenario para una nueva orientación económica del gobierno federal, caracterizado por la clásica receta neoliberal: desregulación de empresas y finanzas, renunciar a las políticas fiscales anticíclicas, fuertes recortes en el gasto social, rebaja de impuestos para los ricos y las empresas, y un nuevo marco normativo en el que predominan las soluciones del mercado para todo tipo de problemas”, señala Karl. “Irónicamente, en 1980 Estados Unidos se sometió a la misma receta que venía empujando hasta el hartazgo en América latina.”
La orientación económica de Reagan convirtió a los lobbistas en la nueva clase dominante de Washington. En 1971 había 175 firmas de lobby registradas en Washington. En 1982 ya habían trepado a 22.245. Los comités de acción política que financian las campañas crecieron de 89 en 1974 a 1682 en 1984.
La política se había vuelto muy cara y sólo los más ricos podían aspirar a los principales cargos electivos. Para las legislativas del 2010 los candidatos recaudaron un total de 1270 millones de dólares. Ese mismo año el costo promedio de una campaña para ocupar una banca en el Senado alcanzó los ocho millones y medio de dólares y para una banca en la Cámara baja, casi un millón y medio de dólares.
Mientras tanto, el sector financiero se alzaba con importantes beneficios. En 1982 el empresario promedio ganaba 42 veces más que el empleado promedio; en el 2010 el mismo empresario ganaba 325 veces más que el mismo empleado. Según otro estudio, el cambio de reglas que impulsó Reagan produjo una transferencia de entre cuatro mil quinientos y cinco mil millones de dólares al sector financiero entre 1980 y 2008.
Durante ese mismo período el esquema impositivo se alteró para favorecer a los ricos. Según el Brookings Intitution, en el 2007 el quinto más pobre de la población recibió en promedio 29 dólares en descuentos impositivos, el quinto del medio recibió 760 y el uno por ciento más rico recibió descuentos promedio de 41.077 dólares. Las familias con ingreso por encima del millón de dólares recibieron descuentos promedio de 114.000 dólares. Gracias a estos descuentos impositivos, los más pobres mejoraron sus ingresos en 0,4 por ciento, mientras que los más ricos mejoraron sus ingresos en un 5,7 por ciento. En 2010 las veinticinco empresas más ricas recibieron 304 millones de devoluciones impositivas pese a reportar ganancias por 1900 millones de dólares. La desigualdad se acentúa porque en promedio los estadounidenses pagan pocos impuestos. En 2008 la carga impositiva promedio fue del 26 por ciento, mientras que en los demás países del OCDE la carga promedio era del 35 por ciento. Entre 1982 y 1994 la carga impositiva promedio de los ricos cayó del 67 por ciento al 28 por ciento. Mientras tanto, los directivos de las principales empresas se alzaban con ganancias extraordinarias, estirando la brecha de desigualdad. En 2010, 25 CEO de las cien empresas más importantes ganaron más dinero del que sus empresas pagaron en impuestos federales. Lo que se ahorraba en el fisco solía gastarse en esfuerzos de lobby. General Electric lleva gastados 4200 millones de dólares en donaciones de campaña.
Al mismo tiempo en que los ricos aumentaban su influencia en las políticas públicas, los trabajadores perdían representatividad. En 2010 el porcentaje de afiliación sindical, que viene declinando sistemáticamente desde 1982, cayó al 11,4 por ciento (7 por ciento en el sector privado), comparado con más de 27 por ciento en Canadá y 70 por ciento en Finlandia.
Sin un sindicalismo fuerte para defender a los trabajadores, el salario mínimo se desplomó, cayendo de 9,2 dólares en los años sesenta (presidencia de Johnson), a 5,4 dólares en el gobierno de Bush, a 5,30 en el gobierno de Bush hijo, el nivel más bajo desde que se fijó el salario mínimo en 1949. Así, la brecha entre los más ricos y más pobres llegó a niveles que no había alcanzado desde la Gran Depresión de 1928.
“Las consecuencias de esta política agresivamente neoliberal se vieron a las claras en la crisis de 2008″, concluye la catedrática de Stanford. “Al combinarse la desregulación financiera y la falta de control sobre las instituciones del sector con la caída en la afiliación sindical, el declive en transferencias de ingresos, la reducción del Estado de Bienestar, el desmantelamiento del esquema impositivo progresivo y otros factores, Estados Unidos entró al siglo XXI como el país más desigual de todas la democracias ricas.”
(Tomado de CUBADEBATE)

El presidente de Uruguay, José Mujica, pidió a su par brasileña, Dilma Rousseff, "volver a los orígenes" del Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque que también integran Argentina y Paraguay.

"Le estamos pidiendo que la circulación de mercaderías y de gente sea cosa cotidiana como se estableció en el Tratado de Asunción (de 1991, cuando se fundó el bloque), dijo Mujica a la prensa al volver a Montevideo tras reunirse en Brasil con Rousseff.

Pese a sus estatutos, son frecuentes las trabas al comercio dentro del propio Mercosur, que afectan con mayor virulencia a las economías paraguaya y uruguaya, las más pequeñas del bloque.

A juicio de Mujica, su planteamiento a Rousseff implica que se deberán "verificar aranceles locales" y aplicar un estudio "renglón por renglón".

"Pero apostamos a dar un paso para adelante, acercarnos a la letra del sueño fundador", manifestó Mujica en la base aérea número 1, a la que arribó desde Brasilia.

Además, reconoció su preocupación por el tipo de cambio que determina "la sobrevaloración de nuestras monedas" y que afecta a los exportadores.

Mujica viajó ayer a la capital brasileña acompañado por su canciller Luis Almagro y el ministro de Industria y Energía, Robertro Kreimerman.

Ayer, un día después de que anunció la expropiación de la petrolera argentina YPF -filial de la trasnacional de origen español Repsol-, el gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner fue objeto de una campaña de linchamiento político y mediático que incluyó presiones del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, condenas de gobiernos nacionales como los de Estados Unidos, Guatemala y México, e incluso críticas tan erráticas como improcedentes de los aspirantes presidenciales Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota.

En España, mientras las autoridades nacionales afirmaban que tomarán “medidas claras y contundentes contra Argentina”, los principales medios de comunicación de ese país emprendían una virulenta campaña de descalificaciones -”expolio”, “populismo intimidatorio”, “acción hostil”, “arbitrariedad”, entre otras- en contra de la decisión soberana adoptada la víspera por la Casa Rosada. En tanto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo, durante su intervención en la Región Latinoamérica del Foro Económico Mundial -que tiene lugar en Puerto Vallarta, Jalisco-, que trabajará para revertir la nacionalización de YPF y que “golpear a una empresa sin justificación rompe el buen entendimiento que ha precedido a la relación” entre su país y la nación sudamericana.

En conjunto, las críticas formuladas desde el país ibérico desacreditan los dichos del propio Rajoy de que su gobierno defiende “un modelo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo de las naciones, así como en el bienestar de la gente y las personas”. Por el contrario, su actitud confirma que tanto La Moncloa como el poder mediático-empresarial de España actúan en el presente episodio como defensores y agentes de relaciones públicas de una compañía trasnacional. Tal circunstancia es particularmente lamentable en el contexto de una sociedad española postrada por la debacle económica, afectada por la falta de empleo y de recursos fiscales para cubrir necesidades apremiantes en los rubros de salud y educación, y sometida a la aplicación de las desastrosas políticas de ajuste neoliberal: la circunstancia ameritaría mayor atención y sensibilidad social de un gobierno que, en cambio, se concentra en un intervencionismo belicoso contra la autoridad soberana de otro país.

Por lo que hace al nuestro, los señalamientos del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, de que la medida anunciada por el gobierno de Buenos Aires el pasado lunes “afecta al patrimonio de los mexicanos”, en alusión al porcentaje accionario de Repsol en poder de Petróleos Mexicanos (9.8 por ciento), son doblemente desafortunados: por un lado, porque omite señalar que esa “afectación” fue promovida y agudizada por la propia administración de la paraestatal, en su desatinado empeño por incrementar su participación accionaria en Repsol, y porque, en todo caso, las fallidas aventuras empresariales de Juan José Suárez Coppel no autorizan al gobierno mexicano a entrometerse en un asunto que concierne única y exclusivamente a los argentinos. Si por principio resulta sumamente grave que nuestro país practique una política injerencista en la nación sudamericana o en cualquier otra, es aún más impresentable que tal actitud esté subordinada a los designios de una nación extranjera y, en última instancia, de una trasnacional.

En suma, la reacción desproporcionada y hostil de una parte de la comunidad internacional -empezando por los gobiernos de España y México- frente a la resolución adoptada por Argentina en defensa de sus recursos naturales y su soberania energética ilustra claramente el poderío que los grandes consorcios privados del orbe han llegado a tener sobre las autoridades políticas en el mundo contemporáneo; un poder que, en este caso, se traduce en una suerte de expropiación de los gobiernos nacionales por intereses corporativos depredadores.

(Tomado de ARGENPRESS.info)

La decisión presidencial de re-nacionalizar YPF es el camino correcto hacia la recuperación de la soberanía nacional. Camino difícil y lleno de obstáculos pero que hay que asumir y recorrer con mucha fuerza y esperanza.

Tenemos que apoyar a nuestra presidenta que tuvo el coraje y decisión política de asumir este reclamo popular de años y debemos aportar desde cada lugar para fortalecer la decisión gubernamental que ha provocado más de un cimbronazo de intereses económicos y políticos.

El gobierno español se escandaliza del gobierno argentino defendiendo lo indefendible, a una empresa como Repsol que tuvo grandes ganancias y pocas, o ninguna inversión en el desarrollo de la producción petrolera.

Se sabía de las actividades de REPSOL en otros países, pero la decisión del menemismo fue adjudicarle YPF y las consecuencias están a la vista.

No voy hacer comentarios de quienes apoyaron en las provincias las privatizaciones, y festejaban que eso era la gran solución a los problemas del país, pero debemos tener memoria y tener presentes a los diputados y senadores que aprueban leyes dañinas que después el país debe soportar para varias generaciones, como las leyes de impunidad, la ley antiterrorista y las privatizaciones, entre otras calamidades.

Recordemos a Aerolíneas Argentinas que Iberia desmanteló y fundió, llevándose equipos, motores, aviones y todo lo que pudo y después del desastre, el gobierno argentino tuvo que asumir la re-nacionalización y hacerse cargo de la deuda y los desastres dejados por las empresas.

Hoy, la nacionalización de YPF vuelve al mismo problema, la falta de inversiones, el desabastecimiento, los costos y las deudas, los activos y pasivos que deja REPSOL son enormes y es necesario tener mucha serenidad para volver a hacer rentable la empresa.


Muchas veces he señalado, y es casi un latiguillo, que un país que no controla sus recursos naturales y las empresas estratégicas necesarias para el desarrollo integral, es un país sin soberanía.

Este es un mal que afecta a la Argentina desde hace décadas y ha llevado a un peligroso atraso al país que supo privatizar casi todo y sigue acumulando una deuda externa e interna inconmensurable que costará grandes sacrificios y esfuerzos rediscutir.

REPSOL pretende cobrar a la Argentina y pasar por acreedor cuando es el gran deudor del el pueblo argentino. El gobierno debe exigir a la empresa el pago de lo no cumplido.

Los países europeos protestan contra la Argentina y dicen que el país no es seguro para sus intereses. Quienes no son seguras son las empresas trasnacionales como Repsol y otras, que vienen a explotar y no a invertir para el desarrollo y la vida del pueblo. No esperamos caridad sino responsabilidad, y no la tienen.

Debemos hacer un fuerte llamado a los gobernantes y legisladores de que no es posible que actúen según los vientos que soplan a su favor en la especulación política.

Hay que establecer leyes para impedir que un gobierno privatice los bienes y recursos que son patrimonio del pueblo y no de los gobernantes, tanto nacionales como provinciales.

La decisión sobre ese patrimonio debe ser decidido por el pueblo a través de consultas populares de acuerdo al derecho constitucional, evitando que se produzcan hechos semejantes.

Hay que salir de esta democracia delegativa donde los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben, y construir una democracia participativa con decisión en los grandes temas del país, en las políticas de gobierno, evitando el feudalismo de las provincias.

Llegamos al agotamiento que acarrea más pobreza y marginalidad a nuestro pueblo.

YPF tuvo su etapa de esplendor y orgullo nacional, hoy es sólo un recuerdo y el gobierno actual debe remontar un pesado camino que deja la irresponsabilidad de REPSOL.

No puedo dejar de señalar que el petróleo no es la única asignatura pendiente en la recuperación de la soberanía nacional. No estoy hablando de los nacionalismos trasnochados. El gobierno debe actuar, antes que sea tarde, sobre las empresas mineras, que se llevan el  97 % de lo extraído con una simple declaración jurada, y la venta del territorio nacional. El país ha dejado su derecho soberano para someterse a tribunales internacionales que no tendrán en cuenta el derecho del pueblo argentino. Ponen en peligro a la salud de los pobladores, a recursos como el agua y el medio ambiente todo y además generan los daños económicos a los pequeños y medianos productores. Ese es el fruto de la época de privatizaciones del gobierno de Carlos Menem que se sometió a los intereses extranjeros y provocó grandes daños al país. Esperamos que la decisión presidencial de re-nacionalizar YPF avance y para lograrlo debemos apoyar decididamente la recuperación de la soberanía, con serenidad y firmeza.

Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz, Presidente del Servicio Paz y Justicia.
(Tomado de ARGENPRESS.info)

Después del desempleo, y muy asociado a éste, los desahucios de viviendas se han convertido en el rostro más estremecedor de la crisis económica en España, disparando los índices de pobreza y de exclusión social.

Los desalojos de propietarios o inquilinos endeudados registraron el año pasado un máximo histórico, con un aumento de casi el 22 por ciento respecto a 2010, hasta alcanzar las 58 mil 241 familias, mientras hay más de un millón de casas vacías.

Estos datos, publicados en marzo último por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revelan el impacto que la crisis y el desempleo -de más de cinco millones de personas- han tenido en la pérdida de viviendas.

Bien por no poder pagar el alquiler o porque al comprador le fue imposible abonar su hipoteca al banco, sólo entre octubre y diciembre los desahucios ascendieron a 15 mil 347, en línea con las cifras de trimestres anteriores, precisó el órgano de gobierno de los jueces.

Respecto a las ejecuciones o procedimientos iniciados por las entidades hipotecarias para quedarse con las viviendas impagadas, el CGPJ certificó en 2011 un descenso de 17 por ciento, hasta los 77 mil 854, lejos de las 93 mil 636 actuaciones contabilizadas en 2010.

Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, en coincidencia con el estallido de la burbuja inmobiliaria, se realizaron más de 300 mil ejecuciones hipotecarias en España, que dejaron a centenares de miles de personas en la calle con una deuda de por vida.

Ante su multiplicación, el gobierno conservador de Mariano Rajoy elaboró un denominado código de buenas prácticas, al cual se adhirieron de manera voluntaria una gran cantidad de bancos, que supuestamente debe proteger a las familias más desfavorecidas.

De acuerdo con ese reglamento, aprobado en marzo pasado, se promoverá la dación en pago -saldar la deuda con la entrega de la vivienda al banco- para familias con todos sus miembros en paro y con primeras viviendas de menos de 200 mil euros.

Los afectados tendrán que ser propietarios de una sola casa, no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas y las cuotas hipotecarias deberán superar el 60 por ciento de los ingresos totales de la familia.

Críticas al Código de buenas prácticas bancarias

Símbolo de la debacle desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los desahucios de quienes no pueden costear las hipotecas son cada vez más impugnados por la sociedad, y muchos, incluso, han sido evitados gracias a la acción de diversas organizaciones sociales.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) auguró el fracaso de la norma ideada por el ejecutivo, porque, según su criterio, apenas se podrán resolver un insignificante número de problemas de desahucios que les interese a las entidades.

A juicio de Adicae, la dación en pago no es más que una solución in extremis para las personas que en estos momentos se enfrentan al desalojo.

Tampoco convenció a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), mque en sus tres años de vida ha paralizado cerca de 200 desalojos y logrado centenares de daciones en pago y algunas condonaciones de deuda después de subasta.

Para Ada Colau, de la PAH, el controvertido código, que incluye la dación en pago como una opción voluntaria, es una tomadura de pelo.

Establece unos requisitos muy restrictivos y deja la dación como la última opción, de manera que, a efectos prácticos, canaliza el proceso hacia una refinanciación de la deuda que sólo interesa a las instituciones financieras, opinó.

La mayoría de los desahuciados tienen menores a su cargo, alertó Colau, tras preguntarse qué sociedad se puede mirar al espejo y no sentir vergüenza cuando ha inyectado dinero a unas entidades bancarias que están dejando en la calle a familias con niños.

Por ello, defendió la desobediencia civil, como oponerse a una expulsión autorizada por un juez, ante una ley que calificó de injusta por invadir otra superior, la de los derechos humanos.

Recientemente, Jueces para la Democracia (JpD) consideró una mera proclama populista y mediática la propuesta del Gobierno de que las familias que se encuentran en el umbral de la exclusión puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda.

La asociación de jueces progresistas reclamó una reforma de la actual legislación hipotecaria por considerar que no reparte de forma equitativa entre las partes afectadas -el banco y el deudor hipotecario- los riesgos y perjuicios de la crisis económica.

Denunció los graves efectos sociales de la normativa hipotecaria, que permite a la entidad financiera adjudicarse la casa por un 60 por ciento del valor en la que la tasó y demandar al ciudadano el resto de la deuda no cubierta.

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, abogó por regular el sistema de subasta de los pisos confiscados.

Es de una gravedad tremenda que los bancos puedan quedarse con la vivienda embargada por un precio por debajo del 60 por ciento de su valor", manifestó.

Adoptar medidas que permitan seguir utilizando la vivienda con un alquiler asumible por el deudor, o aceptar que los inquilinos puedan declararse en bancarrota para librarse de la deuda, son algunas de las propuestas de la Defensora para reforzar la protección de los hipotecados.

"Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger el derecho de acceso a una vivienda digna, puerta de entrada del resto de derechos", advirtió hace unas semanas en Barcelona Raquel Rolnik, relatora especial de Naciones Unidas por una Vivienda Adecuada.

Rolnik tachó de ilegales los procesos de desahucios y responsabilizó a la banca y al gobierno de la emergencia habitacional que sufre el país.
(Versión para este sitio.)

La Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco tendrá un significativo impacto socioeconómico para Bolivia, al inyectar aproximadamente mil millones de dólares anuales al país andino, afirmó hoy el presidente Evo Morales.

La inversión total que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos realiza para materializar esta planta de separación de líquidos es de unos 600 millones de dólares, aproximadamente, presupuesto histórico que proviene de recursos propios.

"En esta planta se invierten 600 millones y, de acuerdo con el proyecto, una vez terminada la obra, va a rentar al Estado y al pueblo boliviano cerca de mil millones de dólares por año, como una forma de potenciar el aparato productivo y, por tanto, empezamos con la industrialización", apuntó el mandatario en la ciudad de Tarija.

En esa ciudad, el dignatario asistió a la entrega de una estación policial y una piscina semiolímpica, en un adelanto de la celebración por el aniversario 195 del grito libertario en esa región boliviana frente al colonialismo español.

La megaplanta, que se construirá en la región de Madrejones, Yacuiba, departamento de Tarija, será de una de las tres más grandes de su tipo en Suramérica, al procesar 32 millones de metros cúbicos por día de gas natural.

Cuando entre en operaciones, la industria procesará gas para la exportación y atenderá la demanda interna de licuables, y convertirá a Bolivia en exportador neto de gas licuado de petróleo y gasolina en la región.

El diputado de la coalición española Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares responsabilizó hoy al neoliberalismo de la grave crisis que vive la mayoría de los países de la Unión Europea (UE).

Las medidas económicas neoliberales están poniendo en riesgo la unión política de la UE, advirtió Llamazares en declaraciones a la Televisión Española.

A su juicio, los programas de austeridad, impulsados por los gobiernos en gran parte de las naciones del bloque comunitario para reducir el déficit público, no sólo no han resuelto el problema, sino que lo han acentuado.

Existe la impresión de que a mayor vuelta de tuerca, los mercados financieros se comportan cada vez más insaciables frente a un Banco Central Europeo y una UE impotentes, denunció el dirigente de la tercera fuerza política en votos de España.

Interrogado sobre la situación de este país, Llamazares descartó la posibilidad de una intervención similar a la ocurrida en Grecia, Irlanda o Portugal, aunque opinó que el gobierno conservador de Mariano Rajoy está siendo observado y controlado por Bruselas.

Respecto a los impopulares recortes sociales y laborales puestos en marcha por el derechista Partido Popular (PP, en el poder) en apenas tres meses de gestión, los calificó de ajuste salvaje que están llevando directamente a España hacia la depresión y la pérdida de empleo.

Se refirió en particular al ahorro de siete mil millones de euros anunciado recientemente por Rajoy en el ámbito de la salud pública.

Según su criterio, esa poda en el gasto sanitario provocará más enfermedades y más muertes, y abogó por ponerle rostro a los recortes que se están llevando a cabo.

Basó su afirmación en informes de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y de la Asociación de Neuropsiquiatría, así como en un estudio sobre la situación económica en Reino Unido y Grecia, publicado por la revista médica Lancet.

Las crisis económicas generan enfermedad y mortalidad, remarcó el diputado de IU, quien insistió en la necesidad de comenzar a abordar en profundidad los efectos que produce la debacle financiera en los ciudadanos y no en los mercados.

Puso de ejemplo a Grecia, donde los planes de rigor han provocado un aumento de las enfermedades psíquicas y cardiovasculares, además de los casos de hipertensión y diabetes y, de manera pavorosa, los suicidios.

Como alternativa a esos intentos de acabar con los servicios públicos, sugirió una lucha decidida contra el fraude fiscal.

Tan sólo con los 60 mil millones de euros anuales de evasión fiscal pagamos el sistema sanitario, sentenció.

La estatal empresa Petróleos de Brasil (Petrobras) anunció el hallazgo de un nuevo yacimiento de hidrocarburo de buena calidad en aguas profundas de la bahía de Santos, según un comunicado divulgado hoy.

El reporte precisa que el depósito de óleo fue comprobado en el pozo 1-RJS-689A (1-BRSA-925A RJS), del Bloque BM-S-42, localizado al norte del Campo de Lula, en la bahía de Santos, a unos 177 kilómetros en la costa del estado de Río de Janeiro y a una profundidad de mil 747 metros.

Tras indicar que Petrobras es la única concesionaria de ese bloque, el comunicado de prensa refiere que el depósito de hidrocarburo pertenece a lo que en Brasil denominan presal, es decir, por debajo de la capa de sal a grandes profundidades en el mar.

De ahí que la compañía asevere que este descubrimiento confirma el potencial de la zona de presal que, según estimados oficiales, coloca a Brasil entre las naciones del mundo con mayores reservas de ese combustible fósil no renovable.